La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Alcaldía de Buenaventura, liderada por Ligia del Carmen Córdoba, y a la Policía Nacional, articular acciones tendientes a robustecer el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) y garanticen los derechos de las familias y de las personas dadas por desaparecidas en el distrito.

La Provincial de Instrucción de Buenaventura sostuvo que las cifras indican que desde 2000 y hasta 2020 se desconocía el paradero de por lo menos 450 personas, y que en lo corrido de este 2024 se tienen registradas otras 26, por lo que urgió adoptar medidas que permitan mitigar el impacto generado por este flagelo. 

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De igual manera, el Ente de control señaló que se requiere necesariamente que la Policía Judicial cuente con el personal suficiente para adelantar las tareas que le competen, asegurar su permanencia y dedicación para atender las órdenes que se emitan en el ámbito del MBU y de la indagación.

El Ministerio Público conminó a la entidad territorial informar sobre los avances realizado para la inclusión de la política, y los realizados para el Plan y la ruta para disposición presupuestal efectiva para la adquisición de bóvedas a perpetuidad para las víctimas de desaparición forzada, con el fin de garantizar lo ordenado por la JEP en ese sentido.

Finalmente, en la comunicación que también se envió a la secretaria de Gobierno, María Liliana Vivas Paz; los coroneles Edwin Masleider Urrego Pedraza y Giovanni Cristancho Zambrano, y la directora seccional de la Fiscalía General en el Valle del Cauca, Adriana Inés Colonia, se les advirtió que disponen de cinco día para dar respuesta a las solicitudes.

*Con información de la Procuraduría.